La ley de segunda oportunidad quita una losa de 7 millones a un matrimonio

La crisis de 2008 acabó con el negocio y el patrimonio de esta pareja de las Islas, de 63 y 73 años

Quince años después, la norma concursal despeja el horizonte

Un operario trabaja en unas obras de construcción.

Un operario trabaja en unas obras de construcción. / MARTA G. BREA

Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

Quince años después de iniciar su descenso a un negro pozo económico, un matrimonio canario se ha librado de una deuda de 6,95 millones de euros a través de la conocida como ley de segunda oportunidad (Texto Refundido de la Ley Concursal). La suma es la mayor condonada en las Islas hasta la fecha y se queda a escasa distancia de los 7,2 millones que marcan el récord registrado en España.

La representante legal de la pareja, la abogada Isabel Miranda, logró demostrar la ausencia de mala fe en la acumulación del pasivo y evitarles daños mayores. El pago de la deuda afectaba ya a la pensión de jubilación del hombre, que se sitúa en el entorno de los 1.000 euros mensuales. 

El pago de la deuda afectaba ya a la pensión de jubilación del hombre

La historia la protagonizan dos de las personas que vieron crecer su patrimonio al calor del ascenso experimentado por el sector inmobiliario en los primeros años de este siglo. La maquinaria, perfectamente engrasada tras la liberalización del suelo iniciada por el Gobierno de José María Aznar y mantenida por su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, proporcionaba grandes beneficios.

Los precios de los activos, el propio suelo y los inmuebles construidos, se multiplicaban por dos en muy corto tiempo. La financiación tampoco era problema, el negocio irradiaba un brillo al que la banca no era ajena. Los préstamos a promotores y compradores manaban de las oficinas sin riesgo en el horizonte. Al menos en la teoría.

El drama de 2008

Los entonces llamados agoreros advertían de que esa rueda iba a detenerse en algún momento o, como se acuñó en la época, que la burbuja iba a pincharse. Así sucedió, y las cuentas de quienes estaban en ese momento con un apalancamiento excesivo se tiñeron de rojo sangre en meses.

Los exonerados avalaron en persona los créditos para financiar su actividad empresarial

Este fue el caso de las empresas del matrimonio que ahora logra ver la luz tras atravesar un largo túnel de tres lustros. ¿Pero si las deudoras eran las empresas, por qué fueron ellos quienes acabaron atrapados? «Avalaban los créditos como personas físicas», aclara la letrada Miranda Santiago. De modo que, aunque «se subastaron la mayoría» de los activos de las sociedades, quedaron «remanentes de las hipotecas y pólizas de crédito» a las que hacer frente y ningún medio económico para conseguir hacerla desaparecer.

La decisión de Guillermo Fernández, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, incumbe a cuatro acreedores del ámbito bancario y financiero. Y aunque la norma no permite rebasar los cinco millones de deuda condonada, al tratarse de un matrimonio se logró salvar el límite y llegar al total del pasivo partiéndolo en dos.

El total del pasivo condonado incumbe a cuatro acreedores del ámbito bancario y financiero

«La deudora ha presentado su solicitud con los requisitos exigidos, sin que ninguna de las partes se haya opuesto», señala el auto, fechado el pasado 18 de abril. Ante ello, el magistrado Fernández García acuerda «la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho» a favor de los solicitantes, además de dar por concluido el concurso. «Contra la presente resolución no cabe recurso alguno», concluye.

«Los ciudadanos tienen que saber que este proceso es una herramienta potentísima para salir de una situación de falta de liquidez», afirma Isabel Miranda. En este caso, se trataba de «salvar la vida» a sus clientes, es decir, de darles una nueva con la que empezar desde cero sin ver cómo sus recursos se esfuman para pagar deudas del pasado.

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